Los criterios de distribución geográfica de las notarías
De la misma forma que existen figuras como el médico, el juez de paz o el cura en cada pueblo, se podría pensar también que la figura del notario es inherente a cada localidad. Este pensamiento, que desde una perspectiva ajena al mundo notarial puede resultar lógico, no es acorde con la realidad: no hay notarios en todos los pueblos de España, aunque si en pueblos muy pequeños, incluso en algunos de 500 habitantes. Existen varias razones para ello.
El número necesario de notarías lo establece el Ministerio de Justicia, ya que los notarios somos funcionarios públicos. El Ministerio tiene en cuenta criterios sociales y económicos. Por un lado, todos los ciudadanos tienen derecho a tener un notario cerca para poder acceder a sus servicios. Por otro, la notaría debe poder sustentarse económicamente porque de sus ganancias dependen los ingresos del propio notario, de todos los profesionales que trabajan en ella y, por supuesto los medios materiales necesarios. El hecho de estar enmarcados dentro del Ministerio de Justicia como funcionarios podría hacer pensar que los notarios cobramos del erario público, con cargo a los presupuestos generales del Estado. Nada más lejos de la realidad. Nuestros honorarios se perciben por arancel, aprobado en 1989 y rebajado sucesivamente desde entonces en varias ocasiones.
Otro criterio es la población de la localidad. Para que sea necesario un notario tiene que haber tráfico jurídico y económico, y es obvio que para ello debe haber un mínimo de población. Por eso es frecuente que un notario de un pueblo determinado preste servicio también a los más próximos.
Entre los pueblos de notaría única, la distancia es otro criterio a tener en cuenta. Históricamente se elegían puntos estratégicos en las comarcas donde establecer notarías. Además, las circunstancias de cada localidad determinan la necesidad o no de establecer una notaría, o el número de ellas. En la última revisión de la demarcación notarial realizada en 2015 se amortizaron plazas que se habían creado en 2007 y que nunca llegaron a cubrirse, o que se cubrieron una vez por poco tiempo y desde entonces estaban vacantes. También se suprimieron algunas de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, y prácticamente de casi todas las capitales de provincia. La razón fue obvia: la crisis económica hizo inviable el mantenimiento de muchas notarías debido a la caída en picado del crédito inmobiliario y, como consecuencia de ello, de la compraventa de viviendas y la creación de sociedades, y del tráfico económico en general.
Cada cinco o diez años como máximo se revisa la demarcación notarial teniendo presentes estos criterios, y sea crean o suprimen notarías. Estaría bien, en mi opinión, revisar la demarcación no sólo creando o suprimiendo sino también fusionando. Por ejemplo, cuando hay dos notarías en localidades cercanas con poco tráfico jurídico, sería conveniente unificarlas o fusionarlas en una sola, adoptando los mismos criterios que en la última demarcación registral, con la obligación del mantenimiento de una oficina en cada una de las localidades cuya notaría se agrupara. Ayudaría bastante a que estas notarías fueran más atractivas desde el punto de vista profesional, lo que repercutiría favorablemente en esas localidades, así como a que el arraigo del notario en esa zona fuera mayor.
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